El caso Andrea

“El caso de Andrea se hubiera solucionado en Andalucía sin hacer ruido”

• Ángel Salvatierra, del Comité de Bioética del Hospital Reina Sofía, explica cómo dirimen con frecuencia casos similares
• Juristas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente creen que hay margen para ofrecer más garantías y que la sociedad reclama una regulación nacional de la eutanasia que los partidos políticos no quieren asumir
• La Consejería de Salud defiende el modelo andaluz y cree que es la sociedad civil la que debe plantear nuevos debates sobre el tema
• El Registro de Voluntades Anticipadas, el conocido como Testamento Vital, supera las 29.000 inscripciones aunque los responsables admiten que es una cifra mejorable

La Ley Andaluza de Muerte Digna ha cumplido el pasado mes de mayo cinco años. Andalucía fue pionera en impulsar una ley que regulara el proceso de muerte. El caso de Andrea, la menor gallega que padecía una enfermedad neurodegenerativa irreversible, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance y las limitaciones de las leyes.

Han sido cinco años en los que regularmente los Comités de Ética Asistencial de los hospitales debaten casos similares al vivido por la familia gallega. "Estoy absolutamente seguro de que este caso se hubiera solucionado aquí de un modo normal sin hacer ruido y de hecho se ha dado muchas veces", explica Ángel Salvatierra, director de la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Reina Sofía de Córdoba y miembro del Comité de Ética de dicho hospital; que subraya "que este año se han dado casos parecidos y el año pasado otros incluso más peliagudos". Esos casos no han trascendido públicamente. La principal función de los comités de ética es la ayuda a los profesionales, a los pacientes y a los familiares. Cuando se dan este tipo de casos, "la iniciativa parte fundamentalmente los profesionales, y en segundo lugar de los familiares o el propio paciente a través del testamento vital, conocido técnicamente como Documento de Voluntades Anticipadas". "Generalmente hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, cuando parte del profesional; o rechazo a un tratamiento terapéutico, cuando parte de la familia o de la voluntad expresa del paciente", afirma Salvatierra.

El experto explica lo que se suele hacer cuando profesionales o familiares piden ayuda al Comité de Ética Asistencial. Su labor arranca con la recogida exhaustiva de la historia clínica y "tratamos de que el propio profesional o la familia nos relate la situación". Ahí identifican los problemas, los valores y establecen cuál es el problema ético que plantea el profesional o la familia para deliberar, teniendo en cuenta las circunstancias y las consecuencias. "De ahí se plantean distintas vías de solución y elegimos la que más se ajuste a lo que es el 'deber ético'. Hay dos filtros clave: la legalidad y que podamos hacer ese consejo público aparándonos en la transparencia", explica.

Cinco años de experiencia

A la hora de hacer balance sobre la aplicación de esta ley, Maribel Baena, directora general de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, recuerda que "casi el 90% de los andaluces estaba de acuerdo con regular esto y fue una ley que la ciudadanía esperaba". Además, cita el caso de Inmaculada Echevarría, navarra de 51 años, que sufría desde los 11 años una distrofia muscular progresiva que la recluía en una cama conectada a un respirador en un hospital de Granada. Su voluntad de desconectar el respirador y morir dignamente abrió un debate social que eclosionó en la actual ley andaluza.

Inmaculada Echevarría, navarra de 51 años, sufre desde los 11 años una distrofia muscular progresiva que le ha condenado a vivir en una cama y atada a un respirador en un hospital de Granada.